CARTA DE ALTER: propuestas de infraestructura para la Amazonía
“Estamos en contra de los proyectos que nos matan, matan nuestros ríos y nuestra selva. Estos grandes proyectos no son infraestructura para nosotros, necesitamos pequeños proyectos que nos fortalezcan (…) La principal infraestructura en la Amazonía es el bosque en pie”. Maura Arapiun, secretaria del Consejo Indígena de Tapajós Arapiuns Las organizaciones vinculadas al Grupo de Trabajo de Infraestructura y redes aliadas se reunieron en Alter do Chão (Pará) del 4 al 6 de julio de 2022, con importante participación de organizaciones y movimientos sociales de la región, escuchando informes, buscando respuestas y proponiendo estrategias y acciones concretas enfrentando viejos y nuevos desafíos en la región. En consecuencia, hemos elaborado este documento dirigido a la sociedad brasileña con miras a contribuir a los debates del proceso electoral, así como a la construcción e implementación de políticas públicas a partir de 2023. En las últimas décadas, entre los principales impulsores de la deforestación y de los conflictos socioambientales en la Amazonía brasileña, están previstas obras de infraestructura para apoyar el modelo de explotación depredadora en la región, como centrales hidroeléctricas, puertos y estaciones de transbordo de granos, hidrovías, vías férreas y carreteras La situación empeoró bajo el gobierno de Bolsonaro, que promovió una serie de retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, desde el incentivo al acaparamiento de tierras públicas y áreas protegidas, que se sumó al desguace de los poderes públicos que actúan en el territorio amazónico. . Muertes brutales, como las del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, lejos de ser un caso aislado, forman parte de una política de silenciamiento de líderes sociales sometidos a profundas violaciones a los más elementales derechos humanos. Brasil puede ayudar al planeta a mitigar los efectos de la crisis climática. En cuanto a infraestructura, para eso necesitamos infraestructura para la Amazonía y no solo en la Amazonía. Debemos considerar fundamentalmente el respeto y la promoción de arreglos socioproductivos capaces de convivir con el bosque y garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la energía y el saneamiento. El GT Infraestructura tiene claro que la selva es la principal infraestructura de la Amazonía . En su obra más reciente, dirigida por Ricardo Abramovay, propone cuatro dimensiones necesarias para repensar el sujeto: naturaleza, cuidado, servicios y organización colectiva. Es sobre esta base que presentamos propuestas de acciones concretas para cuidar el medio ambiente y las personas, impulsando una agenda de desarrollo justo, participativo e incluyente de esta fuente de conocimiento de la cual sus pueblos y comunidades tradicionales son guardianes. Nuestras propuestas: Retomar las acciones de mando y control en la Amazonía, acabando con esta cultura donde lo “ilegal” es “legal”. Reestructurar urgentemente las instituciones públicas encargadas de combatir la economía de destrucción, que consume ríos y bosques, viola los derechos humanos y profundiza la desigualdad social Asegurar la aplicación de políticas de protección forestal y defensores de derechos humanos, mitigando riesgos, para que estos pueblos puedan continuar su lucha junto a los pueblos indígenas, quilombolas, extractivistas y ribereños. Fortalecer la campaña Vida Por Um Fio: Autoprotección de Comunidades y Líderes Amenazados y también la red de protección, a nivel nacional y en cada estado. Discutir un nuevo modelo logístico para la Amazonía, repensando prioridades e institucionalizando el proceso de toma de decisiones, resultando en buenas prácticas de planificación, incluyendo la evaluación de alternativas, amplia participación de la sociedad en todas las etapas y atendiendo las demandas de promoción de los productos de la sociobiodiversidad. Revisar de manera transparente los proyectos de infraestructura logística de transporte de carga actualmente previstos en el Programa de Asociación de Inversión (PPI). Fortalecer las políticas públicas de planificación y licenciamiento ambiental de obras de infraestructura, con el objetivo de permitir mejores opciones que maximicen los beneficios para la sociedad y que eviten la repetición de desastres y violaciones de derechos. Involucrar a los beneficiarios de Amazon en el desarrollo de modelos de energía distribuida para una transición energética justa e inclusiva, asegurando energía limpia y de calidad para todos y anticipándose a las metas de universalización del gobierno federal y brindando condiciones energéticas para el desarrollo local sustentable. Adoptar políticas efectivas para incentivar el incremento de la mini y micro generación distribuida en la Amazonía, como aporte a la matriz eléctrica nacional y a una transición energética verdaderamente justa y popular. Exigir una moratoria a los nuevos grandes proyectos energéticos en la Amazonía hasta que se revise el Plan Nacional de Energía a la luz de los compromisos climáticos del país. Considerar el desarrollo urbano como un proceso fundamental para la sostenibilidad y el bienestar humano en la Amazonía, con infraestructura adecuada al contexto local. Las ciudades y los asentamientos humanos deben ser protagonistas en la implementación de medidas de conservación socioambiental, promoción de la diversidad sociocultural y mitigación y adaptación al cambio climático. Adoptar medidas para proteger los ríos, elementos vitales para el mantenimiento de la vida y la diversidad en el medio ambiente amazónico. Apoyar el seguimiento de las acciones relacionadas con el estrés antrópico impuesto a los ríos, así como aquellas que apoyen el mantenimiento de los recursos hídricos y la integridad de los sistemas fluviales. Respetar el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales y fortalecer las políticas de gobernanza. Estructurar un plan integral de combate a la minería en tierras indígenas, a fin de hacer cumplir la prohibición constitucional de esta actividad en estos territorios. Reconocer que la minería no es un vector de desarrollo en la Amazonía y que necesita ser reemplazada en beneficio de otras cadenas productivas, capaces de convivir con el bosque y los ríos, asegurando derechos y reduciendo la desigualdad social. Promover y mejorar el control social en todo el ciclo de la infraestructura, incluyendo una relación más estrecha de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los pueblos con los tribunales de cuentas. Asegurar la transparencia de los procesos de toma de decisiones y