Diálogos Amazónicos: la sociedad civil presiona para tener un espacio en la toma de decisiones y presenta propuestas para la Cumbre de Presidentes en Bogotá
En preparación para la V Cumbre de Presidentes/as de los países amazónicos, que se celebrará en Colombia este mes, la sociedad civil exige medidas para fortalecer la participación social y alternativas que prioricen la calidad de vida de las comunidades y el cuidado de la naturaleza; se ha enviado un documento con las demandas al Gobierno brasileño y a la OTCA. Lee esta noticia en portugués aquí. Belém (PA) – Movimientos sociales, entidades socioambientales y redes de la sociedad civil, junto con representantes del Poder Público, celebraron el pasado martes (29), en el campus de la Universidad Federal de Pará (UFPA), en Belém, la etapa brasileña de los Diálogos Amazónicos 2025, con el fin de discutir propuestas para la V Cumbre de la Amazonía, evento que reunirá efes/as de Estado de los países amazónicos el 22 de agosto en Bogotá, Colombia. Por parte del Gobierno Federal, el encuentro contó con la participación de la Secretaría General de la Presidencia de la República (coorganizadora del evento) y representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores (Itamaraty), Medio Ambiente y Cambio Climático, Pueblos Indígenas, y Derechos Humanos y Ciudadanía. También participaron Vanessa Grazziotin, secretaria ejecutiva de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y el diputado federal Airton Faleiro, de la Frente Parlamentaria de la Amazonía. Con cerca de 300 participantes en formato presencial y en línea, el encuentro hizo un balance de la implementación de la Declaración de Belém, acuerdo multilateral firmado durante la reunión de presidentes/as de ocho países amazónicos en agosto de 2023, que fue precedida por dos días de Diálogos Amazónicos con la participación de más de 12 mil personas, como espacio para recabar aportaciones de la sociedad civil para el evento oficial. Vea un video sobre la Cumbre de Belém en 2023 disponible aquí. El viernes (1), las redes de la sociedad civil y los movimientos sociales que participaron activamente en la realización del encuentro nacional, como el Foro Social Panamazónico (FOSPA), la Red Eclesiástica Panamazónica (REPAM) y el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) — enviaron un documento con un resumen de las principales propuestas del Encuentro Nacional a la Secretaría General de la Presidência (SG/PR), Itamaraty, la OTCA y la Cancillería del Gobierno de Colombia, como anfitrión de la Cumbre de la Amazonía en 2025. Consulte aquí el documento resumen completo del Encuentro Nacional de Diálogos Amazónicos 2025, celebrado en Belém. Las principales propuestas de las organizaciones de la sociedad civil destacan como necesidades urgentes: 1) ampliar la participación social en la toma de decisiones gubernamentales sobre asuntos estratégicos para la Panamazonia, 2) garantizar el respeto de los derechos territoriales y los derechos de consulta previa de las comunidades tradicionales, como guardianas de los bosques y ríos de la Amazonía, 3) dar prioridad al fomento de actividades productivas de base comunitaria orientadas a la seguridad y la soberanía alimentaria y las cadenas de sociobiodiversidad, respetando los conocimientos tradicionales, 4) combatir las diversas formas de discriminación por raza, género, etnia y orientación sexual, y 5) hacer frente a la deforestación y los conflictos socioambientales asociados a la expansión desenfrenada de la agroindustria, los delitos ambientales y los megaproyectos, como las grandes centrales hidroeléctricas, los corredores de exportación de materias primas y la explotación petrolera. Una propuesta destacada de la sociedad civil fue la creación de la «OTCA Social» como mecanismo de participación permanente de los pueblos indígenas, las comunidades locales, el mundo académico y los movimientos en la gobernanza panamazónica. La propuesta surgió inicialmente en los Diálogos Amazónicos de Belém en 2023, en respuesta a la demanda de redes como FOSPA, REPAM y GTA (Grupo de Trabajo Amazónico). «Es necesario que los amazónicos dejen de ser solo invitados y pasen a tener un lugar institucionalizado en las instancias de decisión», afirmó Joana Menezes, de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). Etapa brasileña de los Diálogos Amazónicos En el encuentro nacional de los Diálogos Amazónicos 2025 celebrado la semana pasada en Belém, se organizaron mesas redondas sobre los temas «Participación social y toma de decisiones en la cooperación panamazónica», «Derechos de los pueblos amazónicos, género, raza y territorialidades», «Proteger la Amazonía del punto de no retorno» y «Alternativas desde los territorios y mecanismos de financiamiento». João Pedro Ramalho, del Colectivo Pororoka y de la Asamblea Mundial por la Amazonía (AMA), destacó que la ausencia de mecanismos formales de escucha y diálogo impide que las políticas regionales consideren los verdaderos impactos y alternativas en los territorios. «La participación social efectiva consiste en contribuir a la elaboración de políticas públicas nacionales y regionales, supervisar su ejecución y realizar también la evaluación. Por eso, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil panamazónica proponen para la V Cumbre de Presidentes/as el mecanismo de participación social denominado OTCA Social, que formalizará esta integración democrática entre los gobiernos amazónicos y la sociedad civil», afirmó. Por la mañana, un primer panel debatió los derechos de los pueblos amazónicos, centrándose en la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente, la adhesión de Brasil al Acuerdo de Escazú y la lucha contra la violencia contra los/as líderes, con especial atención al género y la raza. «Defendemos nuestros territorios con nuestras propias vidas. El Estado debe garantizar nuestra seguridad y nuestra existencia», declaró Vanuza do Abacatal, líder quilombola en Ananindeua. El fiscal regional de la República Felício Pontes señaló que la plena implementación de la Declaración de Belém depende de la garantía de tres derechos fundamentales: a la tierra, a la autodeterminación y a la consulta libre, previa e informada. «Es fundamental para impedir que se construyan nuevas Belo Monte y que otros grandes proyectos, como la pavimentación de la BR-319, se implementen sin respetar la garantía de los derechos básicos de los pueblos tradicionales». «Pará es el estado con el mayor número de líderes socioambientales amenazados incluidos en el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDH), con 161 personas registradas, sin contar los casos no denunciados y aquellos que aún están en proceso de inclusión», afirmó Max Costa, de
Manifestação sobre a Medida Provisória 1.308/2025, que trata do Licenciamento Ambiental Especial – LAE
MP 1308 cria licença ambiental a jato para “obras estratégicas”, abrindo brecha para projetos de alto impacto avançarem sem o devido controle. A Medida Provisória 1.308/2025, editada junto aos 63 vetos presidenciais ao chamado “PL da Devastação”, agora transformado na Lei 15.190/2025, entrou em vigor com efeito imediato, institucionalizando a Licença Ambiental Especial (LAE). Criada por emenda do presidente do senado Davi Alcolumbre (União-AP), a LAE prevê um “licenciamento a jato” para projetos definidos como “estratégicos” pelo governo, como a exploração de petróleo na margem equatorial, aponta nota pública do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental (GT Infra), divulgada nesta quinta-feira (14). Dois pontos merecem extrema atenção. Primeiro, pelo texto da MP, a LAE é uma licença para autorizar localização, instalação e operação de empreendimentos classificados como “estratégicos”, mesmo quando usam recursos ambientais e podem causar significativa degradação. Não há, porém, qualquer definição sobre que é considerado “estratégico” e tampouco exige que esses projetos sigam diretrizes socioambientais, incluam avaliação de alternativas ou observem o princípio da economicidade. Ao concentrar essa decisão no Conselho de Governo, a MP institucionaliza uma “licença por pressão política”, abrindo espaço para escolhas orientadas por interesses de ocasião. O segundo ponto é que, embora o governo tenha negado que a LAE seria monofásica, o texto mantém um procedimento único e simplificado, inclusive para empreendimentos que exigem Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com prazo máximo, e irreal, como apontou análise do Observatório do Clima, de 12 meses para todas as etapas. O formato limita o tempo para verificação de estudos, realização de audiências públicas e consultas a comunidades afetadas, elevando o risco de aprovações apressadas, impactos irreversíveis e insegurança jurídica. Essas lacunas agravam o debate sobre infraestrutura, em que grandes obras são vistas como sinônimo automático de desenvolvimento. O licenciamento ambiental é essencial para qualificar esse processo, contribuindo para análise de riscos, avaliação de alternativas e o respeito a direitos, como o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) de povos indígenas e comunidades tradicionais. Sem esses parâmetros, abre-se caminho para empreendimentos avançarem sem controle. Na Amazônia, onde se concentram muitos projetos “estratégicos”, o risco é ainda maior. Falhas na avaliação podem gerar impactos profundos e irreversíveis. Mais que rapidez e atropelos, é necessário planejamento, transparência, participação social e a incorporação da dimensão socioambiental antes das decisões, além do acompanhamento e cumprimento das condicionantes. Tratar “obras estratégicas” como carta branca para acelerar prazos é repetir erros recentes, e comprometer de forma permanente o futuro da região. Organizações integrantes e parceiras da rede do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental alertam para os riscos da medida: “Em empreendimentos com significativo impacto ambiental, que serão o foco da LAE – tanto que o texto da Medida Provisória impõe EIA, o estudo ambiental mais completo – , esse prazo de 1 ano é absolutamente inexequível. Não se acompanhará a dinâmica de desenvolvimento dos empreendimentos, que passam por aperfeiçoamentos influenciados pelos estágios sucessivos do licenciamento ambiental. Um ano para licenciar uma hidrelétrica, uma grande estrada, uma mineração de grande porte ou outros empreendimentos desse tipo considerando concepção, instalação e operação é piada de mau gosto. Institucionaliza-se o licenciamento por pressão política.” – Suely Araújo, Observatório do Clima. “No caso do licenciamento apressado das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, houve tanta pressão política que o diretor de licenciamento do IBAMA acabou pedindo demissão. Um processo de licenciamento atropelado, sem resolver dúvidas sobre os riscos socioambientais dessas duas mega-barragens no rio Madeira, trouxe consequências sentidas até hoje pelas comunidades ribeirinhas, com a perda de áreas de pesca e mudanças repentinas no fluxo do rio. É um exemplo de como a pressão política pode se sobrepor à análise técnica, e do que pode se repetir com a LAE.” – Iremar Antonio Ferreira, Instituto Madeira Vivo (IMV) e GT Infra. Leia a nota completa aqui.
Organizações da Amazônia reafirmam apoio a Belém como sede da COP 30
Mais de 70 organizações de povos do campo, das florestas e das águas — incluindo indígenas, quilombolas, extrativistas, trabalhadores rurais e movimentos sociais — divulgaram na sexta-feira (9/8) uma carta em apoio à realização da 30ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém (PA). O documento foi motivado por movimentos recentes que sugerem a mudança da sede do evento para fora da Amazônia. Na carta, os signatários afirmam que, após 29 edições, é hora de o mundo discutir as mudanças climáticas “de dentro da Amazônia”, dialogando diretamente com as populações que já vivenciam os impactos da crise do clima, como secas severas, prejuízos à produção agrícola, redução do calendário escolar e dificuldades no transporte fluvial. As organizações ressaltam que o evento não deve esconder as contradições históricas da região e que estão preparadas para “denunciar, protestar, criticar e propor soluções”. O texto também rebate argumentos sobre a falta de infraestrutura para sediar a conferência, lembrando que Belém recebe anualmente mais de um milhão de visitantes durante o Círio de Nazaré, e cobra que autoridades evitem preços abusivos na rede hoteleira. A carta é assinada por movimentos, sindicatos, federações e entidades de todos os estados da Amazônia Legal. 📄 Leia a íntegra da carta aqui: https://gt-infra.org.br/wp-content/uploads/2025/08/CARTA-DOS-POVOS-DA-AMAZONIA-EM-APOIO-A-BELEM-COMO-SEDE-DA-COP-30-1.pdf
Parecer técnico do GT Infraestrutura aponta retrocessos no PL da Devastação
O Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental (GT Infra) torna público novo parecer técnico sobre os impactos do Projeto de Lei 2159/2021, que altera profundamente as regras do licenciamento ambiental no Brasil. A análise demonstra como o PL 2159 “encurta a régua” de avaliação dos impactos de grandes obras, desconsiderando evidências científicas sobre a extensão real dos danos socioambientais. As mudanças propostas ameaçam diretamente os direitos de povos indígenas, comunidades tradicionais e territórios sensíveis da Amazônia, ao reduzir distâncias mínimas para análise de impactos e fragilizar a atuação de órgãos como Funai, Incra e Iphan nos processos de licenciamento. O parecer também alerta para os riscos da chamada Licença Ambiental Especial, incluída por emenda do senador Davi Alcolumbre, que permitiria aprovar obras estratégicas com uma única licença, sem avaliação em etapas, o que pode intensificar a destruição ambiental e a insegurança jurídica. Este é o segundo parecer técnico elaborado pelo GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental sobre o PL da Devastação (PL 2159/2021). A primeira análise, publicada em maio (acesse aqui), abordou os impactos do projeto sobre o licenciamento ambiental de obras de infraestrutura, com foco especial no setor de transportes. Como o PL já foi aprovado pelo Congresso Nacional, cabe agora ao presidente da república decidir se sanciona ou veta o texto. O prazo legal para essa decisão se encerra nesta sexta-feira, 8 de agosto, e o governo Lula ainda não anunciou sua posição. A sociedade civil segue mobilizada para barrar a proposta, que representa um grave retrocesso na política ambiental brasileira. 📄 Acesse o parecer técnico na íntegra: [https://gt-infra.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Artigo-PL-2159-distancias-de-impacto-GT-Infra_diagramado.pdf] 📰 Leia também o artigo de opinião de Renata Utsunomiya, publicado no Estadão: https://www.estadao.com.br/opiniao/espaco-aberto/subestimar-o-impacto-de-grandes-obras-na-amazonia-e-um-risco-para-o-pais Saiba mais e junte-se à mobilização contra o PL da Devastação em: www.pldadevastacao.org
Diálogos Amazônicos: sociedade civil pressiona por espaço na tomada de decisões e apresenta propostas para a Cúpula de Presidentes em Bogotá
Em preparação para a V Cúpula de Presidentes dos países amazônicos, a ser realizada na Colômbia neste mês, sociedade civil cobra ações para fortalecer a participação social e alternativas que priorizem a qualidade de vida de comunidades e cuidados com a natureza; documento com demandas foi enviado ao governo brasileiro e à OTCA. Leia esta notícia em espanhol aqui. Belém (PA) – Movimentos sociais, entidades socioambientais e redes da sociedade civil, em conjunto com representantes do Poder Público, realizaram na última terça-feira (29), no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém a etapa brasileira dos Diálogos Amazônicos 2025, com a finalidade de discutir propostas para a V Cúpula da Amazônia, evento que reunirá chefes de Estado dos países amazônicos no dia 22 de agosto em Bogotá, Colômbia. Pelo Governo Federal, o encontro contou com a participação da Secretaria Geral da Presidência da República (co-organizadora do evento) e representantes dos ministérios de relações exteriores (Itamaraty), meio ambiente e mudança do clima, povos indígenas, e direitos humanos e cidadania. Participou ainda a Vanessa Grazziotin, Secretária Executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e o Deputado Federal Airton Faleiro, da Frente Parlamentar da Amazônia. Com cerca de 300 participantes nos formatos presencial e online, o encontro fez um balanço sobre implementação da Declaração de Belém, acordo multilateral assinado durante reunião de presidentes de oito países amazônicos em agosto de 2023, que foi antecedida por dois dias de Diálogos Amazônicos com a participação de mais de 12 mil pessoas, como espaço de colheita de contribuições da sociedade civil para o evento oficial. Assista um vídeo sobre a Cúpula de Belém em 2023 disponível aqui. Na sexta-feira (1), redes da sociedade civil e movimentos sociais que participaram ativamente na realização do encontro nacional – como o Fórum Social Panamazônico (FOSPA) a Rede Eclesiática Panamazônica (REPAM) e o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) – enviaram um documento síntese das principais propostas do Encontro Nacional para a Secretaria-Geral da Presidência (SG/PR), Itamaraty, OTCA e a Chancelaria do Governo da Colômbia, como anfitrião da Cúpula da Amazônia em 2025. Veja a íntegra do documento síntese do Encontro Nacional dos Diálogos Amazônicos 2025, realizado em Belém aqui. As principais propostas das organizações da sociedade civil destacam como necessidades urgentes: 1) ampliar a participação social na tomada de decisões governamentais sobre assuntos estratégicos para a Panamazônia, 2) assegurar o respeito aos direitos territoriais e direitos a consulta prévia de comunidades tradicionais, como guardiões das florestas e rios da Amazônia, 3) priorizar o fomento a atividades produtivas em base comunitária voltadas à segurança e soberania alimentar e cadeias da sociobiodiversidade, respeitando os conhecimentos tradicionais, 4) combater as diversas formas de discriminação por raça, genero, etnia e orientação sexual, e 5) enfrentar o desmatamento e conflitos socioambientais associados à expansão desenfreada do agronegocio, crimes ambientais e megaprojetos, como grandes hidrelétricas, corredores de exportação de commodities e a exploração de petróleo. Uma proposta de destaque da sociedade civil foi a criação da “OTCA Social” como mecanismo de participação permanente de povos indígenas, comunidades locais, academia e movimentos na governança pan-amazônica. A proposta surgiu inicialmente nos Diálogos Amazônicos de Belém em 2023, em resposta à demanda de redes como FOSPA, REPAM e GTA (Grupo de Trabalho Amazônico). “É preciso que os amazônidas deixem de ser apenas convidados e passem a ter lugar institucionalizado nas instâncias de decisão”, afirmou Joana Menezes, da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM). Etapa brasileira dos Diálogos Amazônicos No encontro nacional dos Diálogos Amazônicos 2025 realizado na semana passada em Belém, foram organizados painéis de debate sobre os temas “Participação Social e Tomada de decisão na cooperação Pan-Amazônica”, “Direitos dos povos amazônicos, gênero, raça e territorialidades”, “Proteger a Amazônia do Ponto de não Retorno” e “Alternativas desde os Territórios e Mecanismos de Financiamento”. João Pedro Ramalho, do Coletivo Pororoka e da Assembleia Mundial pela Amazônia (AMA), destacou que a ausência de mecanismos formais de escuta e diálogo impede que as políticas regionais considerem os verdadeiros impactos e alternativas nos territórios. “Participação Social efetiva é contribuir na elaboração das políticas públicas nacionais e regionais, monitorar a execução e realizar também a avaliação. Por isso os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil Pan-Amazônica propõe para a V Cúpula dos Presidentes o mecanismo de participação social chamado de OTCA Social, que formalizará essa integração democrática entre governos amazônicos e sociedade civil”, disse. Pela manhã, um primeiro painel discutiu os direitos dos povos amazônicos, com foco na proteção de defensoras e defensores ambientais, na adesão ao Acordo de Escazú pelo Brasil e no combate à violência contra lideranças — com recorte de gênero e raça. “Defendemos nossos territórios com a própria vida. O Estado precisa garantir nossa segurança e nossa existência”, declarou Vanuza do Abacatal, liderança quilombola em Ananindeua. O procurador regional da República Felício Pontes apontou que a plena implementação da Declaração de Belém depende da garantia de três direitos fundamentais: à terra, à autodeterminação e à consulta livre, prévia e informada. “É fundamental para impedir que novas Belo Monte sejam construídas, e que outros grandes projetos como o asfaltamento da BR-319 sejam implementados sem respeito à garantia de direitos básicos dos povos tradicionais”. “O Pará é o estado com o maior número de lideranças socioambientais ameaçadas incluídas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDH), com 161 pessoas cadastradas — sem contar as subnotificações e aqueles ainda em processo de inclusão”, afirmou Max Costa, da Unipop, reforçando a necessidade de ações efetivas. Ele alertou para o agravamento da situação: “Ao mesmo tempo, temos se avizinhando vários projetos que ampliam os conflitos socioambientais na região. Mais do que declarações, precisamos agora de ações efetivas”. O debate evidenciou como a violência contra defensoras e defensores socioambientais está conectada a desigualdades estruturais de gênero, raça e sexualidade, com necessidades específicas de proteção para mulheres, população negra, indígenas e LGBTQIAPN+, reforçando a urgência da adesão ao Acordo de Escazú, assinado até então por apenas quatro dos oito países que compõem a OTCA. A pauta das mulheres e meninas
GT Infraestrutura recomenda melhorias na análise territorial e no transporte de pessoas no PNL 2050
Recomendação destaca necessidade de revisão de indicadores, com foco especial na região amazônica. O Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental (GT Infra) enviou nova contribuição técnica ao Ministério dos Transportes (MT) no âmbito da terceira e última etapa da fase de diagnóstico do Plano Nacional de Logística 2050 (PNL 2050) “Diagnóstico – Parte III: corredor e indicadores de integração territorial; matrizes, carregamentos e indicadores de transporte de pessoas” . No documento, o GT alerta para a fragmentação da etapa de diagnóstico, que foi apresentada em três partes com prazos distintos de consulta, divisão que compromete uma avaliação integral do diagnóstico, especialmente diante da ausência de estudos fundamentais, como o da dimensão socioambiental das infraestruturas. Por isso, a recomendação é a ampliação do prazo da consulta pública até que todos os estudos previstos sejam publicados e debatidos com a sociedade. Entre as contribuições, também está o alerta para a necessidade de adequação dos indicadores de sustentabilidade, garantindo que os índices também incorporem no planejamento o objetivo de evitar obras para aumento de capacidade ou de concessão de vias que acelerem efeitos negativos, como o desmatamento. O grupo reitera a necessidade de revisar os indicadores relacionados à proporção da malha que intercepta áreas protegidas como terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, considerando os dados de integração territorial e transporte de pessoas da etapa III do diagnóstico. O GT Infra também requereu a disponibilização da base de dados completa da rede de transportes, incluindo os corredores de integração territorial rodoviários que não constam no arquivo shapefile disponibilizado, mas são mencionados na nota introdutória do Diagnóstico. Outra sugestão apontada é a necessidade de reavaliar o indicador “proporção da malha hidroviária não utilizada”. O GT questiona a metodologia usada e alerta que o indicador não considera a navegação de pequeno porte, fundamental na Amazônia. A não inclusão das informações pode favorecer exclusivamente empreendimentos voltados à exportação de commodities, em detrimento da mobilidade local e das cadeias produtivas da sociobiodiversidade. O grupo também recomenda a disponibilização de mais informações sobre os critérios utilizados para identificar portos de passageiros e terminais de uso privado, visto que o segundo é exclusivo para uso privado para escoamento de grandes cargas. Por fim, a recomendação também reforça que a definição dos indicadores do cenário-base e do cenário-meta é uma etapa crítica do PNL 2050, que precisa ser construída com ampla escuta pública e com apoio de especialistas. A contribuição também afirma a importância da incorporação dos resultados do estudo da dimensão socioambiental, ainda não publicado. “Esperamos que as recomendações ajudem na construção da política pública, e que os espaços de consulta pública e participação social tenham ampla participação, de forma a qualificar essa etapa crucial do diagnóstico do PNL 2050”, conclui o documento. Os apontamentos do GT Infraestrutura se somam aos de outras instituições que também estão atuando para aprimorar o planejamento do PNL 2050, visando um processo com critérios socioambientais, análises de alternativas e participação. O Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) e o Instituto Socioambiental (ISA) fizeram suas contribuições, que podem ser acessadas no site do Planejamento Integrado de Transportes (PIT).
Webinário discute propostas para a V Cúpula da Amazônia com foco em infraestrutura e justiça socioambiental
Encontro virtual reunirá movimentos, redes e especialistas na próxima segunda-feira (14), com tradução simultânea e documentos preparatórios abertos ao público Na próxima segunda-feira, 14 de julho, das 15h às 17h (horário de Brasília), será realizado o webinário “Infraestrutura, Governança e Justiça Socioambiental: Construindo propostas para a V Cúpula da Amazônia”, com participação aberta ao público, tradução simultânea em português e espanhol, e inscrição gratuita. O encontro é organizado pelo GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental, em parceria com redes e organizações como o Fórum Social Pan-Amazônico (FOSPA), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), a Asamblea Mundial por la Amazonía (AMA) e a organização peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). O webinário integra o processo de preparação da sociedade civil para a V Cúpula dos Presidentes dos Países Amazônicos, que será realizada em Bogotá, no dia 22 de agosto de 2025, e busca fortalecer a construção de propostas e o diálogo regional sobre infraestrutura na Amazônia. Será um espaço de articulação entre movimentos sociais, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas para revisar os avanços desde a Declaração de Belém, atualizar propostas apresentadas na cúpula anterior (2023) e debater alternativas à lógica predominante de grandes projetos na região. Também estará em pauta a possibilidade de uma resolução da OTCA voltada à cooperação transfronteiriça com enfoque em justiça socioambiental. As inscrições no webinário são gratuitas e permanecem abertas. Para participar, basta se inscrever por meio do link: https://bit.ly/3TqvikV. Leituras preparatórias para o webinário: Os seguintes documentos estão disponíveis para leitura antecipada e servirão como base para o debate durante o encontro: 1. Carta FOSPA/REPAM/AMA à Cúpula de 2023 (em português e espanhol) 2. Declaração de Belém (2023)
GT Infraestrutura apresenta recomendações para qualificar indicadores socioambientais no PNL 2050
Grupo de trabalho propõe revisão de critérios, maior transparência e inclusão de estudos sobre impactos socioambientais e transporte de passageiros O Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental (GT Infraestrutura) enviou ao Ministério dos Transportes uma contribuição técnica detalhada à Consulta Pública da etapa “Diagnóstico – Parte II” do Plano Nacional de Logística 2050 (PNL 2050), voltada à análise dos corredores de mercado doméstico e dos indicadores do cenário-base. Essa é a primeira vez que o governo disponibiliza a possibilidade de consultas públicas com indicadores, dados e informações para a sociedade civil durante a elaboração do plano. A contribuição feita pelo GT nessa etapa destaca a importância de uma abordagem mais integrada e responsável no planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil, com especial atenção à região da Amazônia Legal. A íntegra da contribuição pode ser conferida aqui Entre os principais pontos da nota técnica, o GT Infraestrutura chama atenção para a necessidade de explicitar melhor na proposta atual os indicadores estratégicos do plano, sobretudo no aspecto da sustentabilidade. A avaliação indica que a proposição de indicadores deve ser apenas realizada após a conclusão de estudos essenciais como, por exemplo, sobre a dimensão socioambiental das infraestruturas, em elaboração com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o diagnóstico do transporte de passageiros. O estudo desenvolvido com o BID, por exemplo, não consta nas três etapas do diagnóstico no portal da consulta pública. Essa ausência compromete a qualidade da análise e pode resultar em decisões que ampliem desigualdades e impactos socioambientais. “A proposição de indicadores (sobretudo os do aspecto Sustentabilidade) sem o aporte desses estudos mencionados pode levar a análises enviesadas, visto que estão sendo ignorados tanto a dimensão socioambiental, quanto a mobilidade de passageiros”, destaca o documento. O grupo propõe a ampliação do prazo da consulta pública até a publicação e debate de todos os estudos pendentes, garantindo tempo hábil para que a sociedade civil possa contribuir de forma efetiva. Também sugere a revisão dos indicadores de sustentabilidade, para que sejam mais realistas quanto aos impactos das obras de infraestrutura, como no caso da BR-319, onde estudos apontam que o asfaltamento pode quadruplicar o desmatamento em áreas adjacentes, afetando dezenas de terras indígenas e unidades de conservação. Além dessa, outras seis sugestões foram incluídas no documento enviado ao Ministério: Ajustar indicadores de impacto territorial: revisar os indicadores que medem a proporção da malha( com área de influência interceptando áreas de proteção, como terras indígenas e unidades de conservação) incorporando no índice a necessidade de evitar obras de aumento de capacidade de infraestrutura existente ou de concessão de vias que aumentem efeitos negativos, como o desmatamento. Diferenciar tipos de portos nos indicadores: incluir distinções entre portos voltados ao transporte de carga e de passageiros nos indicadores, com base no estudo de transporte de passageiros que até a data atual não foi publicado. Rever distâncias utilizadas nos indicadores: Adequação dos indicadores de proporção da malha (com área de influência interceptando áreas de proteção integral, de uso sustentável, com potencial espeleológico, terras indígenas e terras quilombolas). Atualizar os parâmetros de distância adotados para definir áreas de influência de diferentes tipos de empreendimentos, com base em estudos técnicos, tipo de obra e consulta pública qualificada. Ampliar indicadores de sustentabilidade: incluir novos indicadores sobre desmatamento, queimadas, grilagem e outros impactos ambientais associados à infraestrutura, com base em dados técnicos, consultas a especialistas e participação social. Reavaliar uso da malha hidroviária: corrigir o indicador sobre uso da malha hidroviária não utilizada, considerando estudo sobre transporte de passageiros ainda não publicado. Levando em conta a navegação de pequeno porte, especialmente na Amazônia e realizar consulta a especialistas e à sociedade civil em tempo hábil para revisão desse indicador. Adequar indicadores de acessibilidade na Amazônia: rever os indicadores de acesso a serviços e infraestrutura, considerando as especificidades territoriais e sociais da região Norte. O PNL 2050 é o primeiro plano de logística elaborado sob o novo modelo de Planejamento Integrado de Transportes (PIT), instituído pelo Decreto nº 12.022/2024, e traz de forma inédita a disponibilização de dados e consultas públicas durante a elaboração do Plano. “Esperamos que as recomendações ajudem na construção da política pública, e que os espaços de consulta pública e participação social tenham ampla participação, de forma a qualificar essa etapa crucial do diagnóstico do PNL 2050”, conclui o documento enviado pelo GT Infraestrutura.
Infraestrutura no rio Madeira: desenvolvimento para quem?
Na Amazônia, o planejamento de obras precisa garantir a participação efetiva das populações locais Por Iremar Antonio Ferreira* | Artigo publicado no jornal Folha de SP. Investir em manter a floresta em pé é garantir vidas, oxigênio, alimentos e água em abundância. Mas essa não tem sido a prioridade nos projetos de infraestrutura que atingem, há décadas, a bacia do rio Madeira. Sempre conduzidos sem a devida escuta às populações locais, são acompanhados de promessas de progresso que não se concretizam para quem vive às margens dos rios. O rio Madeira é território ancestral de povos indígenas, como os muras e os mundurukus. A resistência dos muras à colonização portuguesa levou à chamada Devassa Mura (1738-1739). Considerados “incivilizáveis”, eles foram alvo de expedições punitivas após resistirem à exploração de cacau nativo e outros alimentos de valor comercial. Para sobreviver, seguiram os cursos d’água, tornando-se seringueiros, pescadores e ribeirinhos. Na ditadura civil-militar, projetos como o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Polamazônia) e o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do BrasiL (Polonoroeste) impulsionaram a ocupação da amazônia, abrindo estradas como a BR-364 e viabilizando hidrelétricas. Tentando remediar os impactos ambientais, o Estado recorreu ao Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, o Planafloro, mas o ciclo de imposições continuou. Hoje, como no passado, os grandes projetos não partem de prioridades definidas pelas populações locais. Desde os anos 2000, com as parcerias público-privadas e a adesão à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa), a bacia do Madeira se viu palco de obras como o complexo hidrelétrico do Madeira, a hidrovia de grãos, a recuperação da BR-319 e a ponte Brasil-Peru. Tudo com o mesmo padrão: benefícios concentrados, impactos distribuídos. Os royalties pagos pelas hidrelétricas mal retornam para quem convive com os danos. A energia gerada no rio Madeira é exportada via linhas de transmissão para o Sudeste e retorna para Rondônia a preços elevados. Já a hidrovia reforça o modelo agromineral exportador, colocando Porto Velho na liderança da produção de grãos em 2023, mas ignorando no processo as próprias comunidades ribeirinhas que vivem às margens do rio. Agora, um novo ciclo ameaça aprofundar esse modelo: o Programa Rotas de Integração (PRT). Lançado em 2024, o programa prevê novas concessões de hidrovias e rodovias, além da ponte binacional entre Guajará-Mirim e a Bolívia. Mas o que chega às comunidades tradicionais são as consequências das mudanças climáticas, das monoculturas com agrotóxicos e da perda da floresta. O que os povos da bacia do Madeira exigem é simples: respeito à Consulta Prévia, Livre e Informada, conforme estabelecem tratados internacionais. Queremos ser ouvidos antes da imposição de obras que afetam nosso presente e ameaçam nosso futuro. Exigimos projetos que nos incluam, respeitem nossos modos de vida e reconheçam a floresta como infraestrutura viva, que sustenta o equilíbrio climático e a diversidade cultural da Amazônia. Desenvolvimento, para nós, não é sinônimo de devastação. Nossa maior obra é a floresta em pé. *Diretor Presidente do Instituto Madeira Vivo (IMV), membro do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental.