CARTA DE ALTER: propuestas de infraestructura para la Amazonía
“Estamos en contra de los proyectos que nos matan, matan nuestros ríos y nuestra selva. Estos grandes proyectos no son infraestructura para nosotros, necesitamos pequeños proyectos que nos fortalezcan (…) La principal infraestructura en la Amazonía es el bosque en pie”. Maura Arapiun, secretaria del Consejo Indígena de Tapajós Arapiuns Las organizaciones vinculadas al Grupo de Trabajo de Infraestructura y redes aliadas se reunieron en Alter do Chão (Pará) del 4 al 6 de julio de 2022, con importante participación de organizaciones y movimientos sociales de la región, escuchando informes, buscando respuestas y proponiendo estrategias y acciones concretas enfrentando viejos y nuevos desafíos en la región. En consecuencia, hemos elaborado este documento dirigido a la sociedad brasileña con miras a contribuir a los debates del proceso electoral, así como a la construcción e implementación de políticas públicas a partir de 2023. En las últimas décadas, entre los principales impulsores de la deforestación y de los conflictos socioambientales en la Amazonía brasileña, están previstas obras de infraestructura para apoyar el modelo de explotación depredadora en la región, como centrales hidroeléctricas, puertos y estaciones de transbordo de granos, hidrovías, vías férreas y carreteras La situación empeoró bajo el gobierno de Bolsonaro, que promovió una serie de retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, desde el incentivo al acaparamiento de tierras públicas y áreas protegidas, que se sumó al desguace de los poderes públicos que actúan en el territorio amazónico. . Muertes brutales, como las del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, lejos de ser un caso aislado, forman parte de una política de silenciamiento de líderes sociales sometidos a profundas violaciones a los más elementales derechos humanos. Brasil puede ayudar al planeta a mitigar los efectos de la crisis climática. En cuanto a infraestructura, para eso necesitamos infraestructura para la Amazonía y no solo en la Amazonía. Debemos considerar fundamentalmente el respeto y la promoción de arreglos socioproductivos capaces de convivir con el bosque y garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la energía y el saneamiento. El GT Infraestructura tiene claro que la selva es la principal infraestructura de la Amazonía . En su obra más reciente, dirigida por Ricardo Abramovay, propone cuatro dimensiones necesarias para repensar el sujeto: naturaleza, cuidado, servicios y organización colectiva. Es sobre esta base que presentamos propuestas de acciones concretas para cuidar el medio ambiente y las personas, impulsando una agenda de desarrollo justo, participativo e incluyente de esta fuente de conocimiento de la cual sus pueblos y comunidades tradicionales son guardianes. Nuestras propuestas: Retomar las acciones de mando y control en la Amazonía, acabando con esta cultura donde lo “ilegal” es “legal”. Reestructurar urgentemente las instituciones públicas encargadas de combatir la economía de destrucción, que consume ríos y bosques, viola los derechos humanos y profundiza la desigualdad social Asegurar la aplicación de políticas de protección forestal y defensores de derechos humanos, mitigando riesgos, para que estos pueblos puedan continuar su lucha junto a los pueblos indígenas, quilombolas, extractivistas y ribereños. Fortalecer la campaña Vida Por Um Fio: Autoprotección de Comunidades y Líderes Amenazados y también la red de protección, a nivel nacional y en cada estado. Discutir un nuevo modelo logístico para la Amazonía, repensando prioridades e institucionalizando el proceso de toma de decisiones, resultando en buenas prácticas de planificación, incluyendo la evaluación de alternativas, amplia participación de la sociedad en todas las etapas y atendiendo las demandas de promoción de los productos de la sociobiodiversidad. Revisar de manera transparente los proyectos de infraestructura logística de transporte de carga actualmente previstos en el Programa de Asociación de Inversión (PPI). Fortalecer las políticas públicas de planificación y licenciamiento ambiental de obras de infraestructura, con el objetivo de permitir mejores opciones que maximicen los beneficios para la sociedad y que eviten la repetición de desastres y violaciones de derechos. Involucrar a los beneficiarios de Amazon en el desarrollo de modelos de energía distribuida para una transición energética justa e inclusiva, asegurando energía limpia y de calidad para todos y anticipándose a las metas de universalización del gobierno federal y brindando condiciones energéticas para el desarrollo local sustentable. Adoptar políticas efectivas para incentivar el incremento de la mini y micro generación distribuida en la Amazonía, como aporte a la matriz eléctrica nacional y a una transición energética verdaderamente justa y popular. Exigir una moratoria a los nuevos grandes proyectos energéticos en la Amazonía hasta que se revise el Plan Nacional de Energía a la luz de los compromisos climáticos del país. Considerar el desarrollo urbano como un proceso fundamental para la sostenibilidad y el bienestar humano en la Amazonía, con infraestructura adecuada al contexto local. Las ciudades y los asentamientos humanos deben ser protagonistas en la implementación de medidas de conservación socioambiental, promoción de la diversidad sociocultural y mitigación y adaptación al cambio climático. Adoptar medidas para proteger los ríos, elementos vitales para el mantenimiento de la vida y la diversidad en el medio ambiente amazónico. Apoyar el seguimiento de las acciones relacionadas con el estrés antrópico impuesto a los ríos, así como aquellas que apoyen el mantenimiento de los recursos hídricos y la integridad de los sistemas fluviales. Respetar el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales y fortalecer las políticas de gobernanza. Estructurar un plan integral de combate a la minería en tierras indígenas, a fin de hacer cumplir la prohibición constitucional de esta actividad en estos territorios. Reconocer que la minería no es un vector de desarrollo en la Amazonía y que necesita ser reemplazada en beneficio de otras cadenas productivas, capaces de convivir con el bosque y los ríos, asegurando derechos y reduciendo la desigualdad social. Promover y mejorar el control social en todo el ciclo de la infraestructura, incluyendo una relación más estrecha de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los pueblos con los tribunales de cuentas. Asegurar la transparencia de los procesos de toma de decisiones y
Letter from Alter: infrastructure proposals for the Amazon
“We are against projects that kill us, kill our rivers and our forest. These big projects are not infrastructure for us, we need small projects that strengthen us (…) The main infrastructure in the Amazon is the standing forest.” Maura Arapiun, secretary of the Tapajós Arapiuns Indigenous Council The civil society organizations connected to the Infrastructure Working Group (GT Infraestrutura) and allied networks met in Alter do Chão (Pará State) from July 4th to 6th, 2022, with significant participation of organizations and social movements in the region. Together we listened to reports, sought answers and proposed strategies and concrete actions that face old and new challenges in the region. As a result, we have prepared this document aimed at Brazilian society with a view to contributing to the debates of the electoral process, as well as the construction and implementation of public policies from 2023 onwards. In recent decades, large infrastructure projects – such as the opening and paving of highways, industrial waterways and transhipment port facilities, railways and hydroelectric dams – have been among the main drivers of deforestation and socio-environmental conflicts in the Brazilian Amazon. The situation worsened under the Bolsonaro government, which promoted a series of setbacks in the rights of indigenous peoples and traditional communities, incentives to land grabbing on public lands and exploitation of protected areas, as well as the scrapping of public institutions. The brutal deaths of the indigenist Bruno Pereira and journalist Dom Phillips are far from being an isolated case; rather they are part of a policy of silencing social leaders subjected to profound violations of the most basic human rights. Brazil can help the planet to mitigate the effects of the climate crisis. For this, we need infrastructure FOR the Amazon and not just IN the Amazon. We must fundamentally consider the respect and promotion of socio-productive arrangements capable of coexisting with the forest and guaranteeing access to basic rights such as health, education, energy and sanitation. GT Infrastructure is clear that the forest is the main infrastructure of the Amazon . In our most recent publication, led by Ricardo Abramovay, it is proposed that four dimensions are necessary to rethink the subject of infrastructure: nature, care, services and collective organization. It is on this basis that we present proposals for concrete actions to care for the environment and people, promoting an agenda of fair, participatory and inclusive development, based on watersheds of knowledge of which traditional peoples and communities are guardians. Our proposals: Resume command and control actions in the Amazon, ending a culture where what is “illegal” becomes “legal”. Urgently restructure public institutions responsible for combating the economy of destruction, which consumes rivers and forests, violates human rights and deepens social inequality. Ensure the application of policies to protect forest and human rights defenders, mitigating risks, so that these people can continue their struggles together with indigenous peoples, quilombolas, extractivists and riverine people. Strengthen the Vida Por Um Fio: Self-protection of Threatened Communities and Leaders campaign and also the protection network, nationally and in each state. Discuss a new transportation logistics model for the Amazon, rethinking priorities and institutionalizing a decision-making process that results in good planning practices, including the evaluation of alternatives, broad participation of society at all stages and meeting the demands of promoting the supply chains of products based on social and biological diversity. Revise, in a transparent manner, the freight transport logistics infrastructure projects currently included in the public-private Investment Partnership Program (PPI). Strengthen public policies for planning and environmental licensing of infrastructure projects, with the objective of allowing better choices that maximize benefits for society and that avoid the repetition of disasters and violations of rights. Involve Amazon beneficiaries in the development of distributed energy models for a fair and inclusive energy transition, ensuring clean, quality energy for all and anticipating the federal government’s universalization goals, providing energy conditions for local sustainable development. Adopt effective policies to encourage the increase of distributed mini and micro generation in the Amazon region, as a contribution to the national electricity matrix and as a basis for a truly fair and popular energy transition. Demand a moratorium on new large energy projects in the Amazon until the National Energy Plan is reviewed in light of the country’s climate commitments. Consider urban development as a fundamental process for sustainability and human well-being in the Amazon, with infrastructure appropriate to local contexts. Cities and human settlements must be protagonists in the implementation of socio-environmental conservation measures, promotion of sociocultural diversity and mitigation and adaptation to climate change. Adopt measures to protect rivers, vital elements for the maintenance of life and diversity in the Amazon environment. Support the monitoring of actions related to anthropogenic stress imposed on rivers, as well as those that support the maintenance of water resources and the integrity of river systems. Respect the right of indigenous peoples and other traditional populations to free, prior and informed consultation and consent, strengthening governance policies. Structure an integrated plan to combat mining in indigenous lands, in order to enforce the constitutional prohibition of this activity in these territories. Recognize that mining is not a vector of development in the Amazon and that it needs to be substituted in favor of other economic activities, capable of coexisting with the forest and rivers, ensuring rights and reducing social inequality. Promote and improve social control throughout the entire cycle of planning and licensing infrastructure, including a closer relationship between civil society organizations and representatives of peoples with tribunals that monitor public accounting. Ensure the transparency of decision-making processes and access to comprehensive, accessible and real-time information on specific policies, plans and projects, promoting integrity and the fight against corruption in entities, public bodies and companies in the infrastructure sector. Ensure accountability of financial institutions and companies so that they have the obligation to assume commitments and robust mechanisms regarding human rights, environmental protection and the construction of a sustainable economy. Encourage economic activities that prioritize people and the maintenance of the
“A principal infraestrutura da Amazônia é a floresta em pé”
A Carta de Alter, documento final do maior encontro de organizações ambientais, associações locais e institutos de pesquisa da Amazônia, defende um desenvolvimento para as pessoas e com o meio ambiente Após três dias de debates em Alter do Chão (PA), organizações socioambientais, pesquisadores e cientistas atuantes em todo o país, lideradas pelo GT Infraestrutura, lançaram um documento com recomendações para a participação da sociedade no debate eleitoral deste ano. A Carta de Alter traz propostas de infraestrutura que o grupo considera prioritárias para a construção de um novo Brasil e de uma Amazônia que cuide da floresta, das suas cadeias de valor e das pessoas que nela vivem a partir de 2023. O encontro reuniu e articulou movimentos locais, lideranças indígenas e ribeirinhas, movimentos dos atingidos por barragens, organização da sociedade, academia e jornalistas para conversar sobre os caminhos para a construção coletiva de uma economia sustentável na região. O agravamento do processo de devastação da Amazônia e as ameaças e assassinatos de lideranças e de defensores foram alguns dos motivadores da iniciativa. “Somos contra projetos que nos matam, matam nossos rios e nossa floresta. Esses grandes projetos não são infraestrutura para nós, precisamos de pequenos projetos, que nos fortaleçam (…) A principal infraestrutura da Amazônia é a floresta em pé”, afirma Maura Arapiun, secretária do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. “Queremos buscar respostas e articular ações e soluções frente aos velhos e novos desafios da região, agravados por um governo que apoia ilegalidades e atividades desestruturadoras da floresta e de suas comunidades”, completa Sérgio Guimarães, secretário executivo do GT Infra. “O Brasil pode ajudar o planeta a mitigar os efeitos da crise climática. No quesito infraestrutura, para tanto precisamos de infraestrutura PARA a Amazônia e não apenas NA Amazônia. Devemos considerar fundamentalmente o respeito e a promoção de arranjos socioprodutivos capazes de conviver com a floresta e garantir o acesso a direitos básicos como saúde, educação, energia e saneamento”, diz trecho da carta. Foto: Projeto Saúde e Alegria Texto: Angélica Queiroz
CARTA DE ALTER: propostas de infraestrutura para a Amazônia
“Somos contra projetos que nos matam, matam nossos rios e nossa floresta. Esses grandes projetos não são infraestrutura para nós, precisamos de pequenos projetos, que nos fortaleçam (…) A principal infraestrutura da Amazônia é a floresta em pé.” Maura Arapiun, secretária do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns As organizações vinculadas ao GT Infraestrutura e redes aliadas reuniram-se em Alter do Chão, PA, de 4 a 6 de julho de 2022, com participação significativa de organizações e movimentos sociais da região, ouvindo relatos, buscando respostas e propondo estratégias e ações concretas frente a velhos e novos desafios da região. Como resultado, preparamos este documento dirigido à sociedade brasileira com vistas a contribuir com os debates do processo eleitoral, bem como com a construção e a implementação de políticas públicas a partir de 2023. Nas últimas décadas, entre os principais vetores de desmatamento e conflitos socioambientais na Amazônia brasileira, estão obras de infraestrutura planejadas para sustentar o modelo de exploração predatória da região, tais como hidroelétricas, portos e estações de transbordo de grãos, hidrovias, ferrovias e rodovias. A situação se agravou no governo Bolsonaro, que promoveu uma série de retrocessos nos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, a partir do incentivo à grilagem de terras públicas e áreas protegidas, que se somam ao sucateamento das autarquias públicas que atuam no território amazônico. Mortes brutais, como as do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips estão longe de ser um caso isolado, e fazem parte de uma política de silenciamento de lideranças sociais submetidas a violações profundas dos mais básicos direitos humanos. O Brasil pode ajudar o planeta a mitigar os efeitos da crise climática. No quesito infraestrutura, para tanto precisamos de infraestrutura PARA a Amazônia e não apenas NA Amazônia. Devemos considerar fundamentalmente o respeito e a promoção de arranjos socioprodutivos capazes de conviver com a floresta e garantir o acesso a direitos básicos como saúde, educação, energia e saneamento. O GT Infraestrutura tem clareza de que a floresta é a principal infraestrutura da Amazônia. Em seu mais recente trabalho, conduzido por Ricardo Abramovay, propõe quatro dimensões necessárias para repensar o assunto: natureza, cuidado, serviços e organização coletiva. É com essa base que apresentamos propostas de ações concretas para cuidar do ambiente e das pessoas, movimentando uma agenda de desenvolvimento justo, participativo e inclusivo desse manancial de saberes dos quais são guardiões seus povos e comunidades tradicionais. Nossas propostas: Retomar as ações de comando e controle na Amazônia e em outros biomas, como o Cerrado, acabando com essa cultura onde o “ilegal” é “legal”. Reestruturar urgentemente as instituições públicas responsáveis pelo combate à economia da destruição, que consome rios e florestas, viola direitos humanos e aprofunda a desigualdade social. Garantir a aplicação de políticas de proteção dos defensores da floresta e dos Direitos Humanos, mitigando riscos, para que essas pessoas possam seguir suas lutas junto com os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Fortalecer a campanha Vida Por Um Fio: Autoproteção das Comunidades e Lideranças Ameaçadas e também a rede de proteção, nacional e em cada estado. Discutir um modelo novo de logística para a Amazônia, repensando prioridades e institucionalizando o processo decisório, resultando em boas práticas de planejamento, incluindo a avaliação de alternativas, ampla participação da sociedade em todas as etapas e o atendimento às demandas de promoção dos produtos da sociobiodiversidade. Revisar de forma transparente, os projetos de infraestrutura de logística de transportes de cargas atualmente previstos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Fortalecer políticas públicas de planejamento e licenciamento ambiental de obras de infraestrutura, com o objetivo de permitir melhores escolhas que maximizem benefícios para a sociedade e que evitem a repetição de desastres e as violações de direitos. Envolver os beneficiários das comunidades no desenvolvimento de modelos energéticos distribuídos para a transição energética justa e inclusiva, garantindo energia limpa e de qualidade para todos e antecipando as metas de universalização do governo federal e dando condições energéticas para o desenvolvimento sustentável local. Adotar políticas efetivas de incentivo para o aumento da mini e micro geração distribuída na região amazônica, como contribuição à matriz elétrica nacional e a uma transição energética verdadeiramente justa e popular. Reivindicar um processo de moratória para novos grandes empreendimentos energéticos na Amazônia enquanto não houver a revisão do Plano Nacional de Energia à luz dos compromissos climáticos do país. Considerar o desenvolvimento urbano como processo fundamental para a sustentabilidade e bem estar humano na Amazônia, com infraestruturas adequadas ao contexto local. Cidades e assentamentos humanos devem ser protagonistas na implementação de medidas de conservação socioambiental, de promoção da diversidade sociocultural e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Adotar medidas para proteger os rios, elementos vitais para a manutenção da vida e da diversidade no ambiente amazônico. Apoiar o monitoramento de ações relacionadas ao estresse antropogênico imposto aos rios, bem como aquelas de suporte à manutenção dos recursos hídricos e da integridade dos sistemas fluviais. Respeitar o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e outras populações tradicionais e fortalecer políticas de governança Estruturar um plano integrado de combate ao garimpo em terras indígenas, a fim de fazer cumprir a vedação constitucional desta atividade nestes territórios. Reconhecer que o garimpo não é um vetor de desenvolvimento da Amazônia e que precisa ser substituído em benefício de outras cadeias produtivas, capazes de conviver com a floresta e os rios, assegurar direitos e reduzir a desigualdade social. Promover e aprimorar o controle social, em todo o ciclo da infraestrutura, incluindo uma maior aproximação das organizações da sociedade civil e representantes de povos com os tribunais de contas. Garantir a transparência dos processos decisórios e o acesso à informação de forma integral, acessível e em tempo real sobre políticas, planos e projetos específicos, promovendo a integridade e o combate à corrupção nas entidades, órgãos públicos e empresas do setor de infraestrutura. Responsabilizar instituições financeiras e empresas para que tenham a obrigação de assumir compromissos e mecanismos robustos a respeito dos direitos humanos, da proteção ambiental e da construção de uma
As quatro dimensões para planejar a infraestrutura na Amazônia
“Infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, novo livro de Ricardo Abramovay, da USP, oferece uma abordagem para investimentos bons para as pessoas e para o meio ambiente da região. Será lançado nesta quarta-feira (6/7), em Alter do Chão (PA) O Brasil tem condições de sair na frente na busca por soluções que ajudem o planeta a mitigar os efeitos da crise climática. Apesar disso, está se tornando um pária internacional no quesito proteção da natureza. Em resposta ao paradoxo, o professor Ricardo Abramovay, lança um novo trabalho durante o Encontro do GT Infraestrutura, em Alter do Chão (PA), nesta quarta-feira (6/7). No livro “Infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da Amazônia” (Elefante), o pesquisador desenvolve um novo modelo para promover, de fato, o desenvolvimento sustentável na Amazônia, virando referência para o mundo. O novo trabalho responde a uma solicitação elaborada pelo GT Infraestrutura, uma rede com mais de 40 organizações socioambientais, em torno da pergunta: quais as infraestruturas necessárias à melhoria da qualidade de vida das pessoas, na Amazônia, e a suas atividades produtivas vinculadas ao uso sustentável da biodiversidade? Numa visão contemporânea, Ricardo Abramovay apresenta ao leitor quatro dimensões necessárias para repensar o assunto: natureza, cuidado, serviços e organização coletiva. Essa organização nos ajuda a pensar a infraestrutura tirando o foco dos megaprojetos, transferindo o olhar para essas quatro dimensões, que resultam num cuidado maior com as pessoas, tanto no campo quanto nas cidades. Só na parte brasileira da Amazônia, vivem mais de 29,6 milhões de pessoas. Abramovay sugere que, as políticas públicas para a região, precisam, antes de mais nada, focar nelas, numa economia do cuidado. Suas provocações apontam alternativas para enfrentar um dos mais importantes desafios contemporâneos: como melhorar as condições de vida e reduzir as desigualdades, não apenas evitando a destruição, mas fazendo uso e regenerando a riqueza natural da qual a própria vida na Terra depende? “Mas tão importante quanto as iniciativas voltadas a preencher as necessidades em infraestrutura das populações da Amazônia e de suas atividades econômicas (sobretudo as ligadas ao uso sustentável da biodiversidade) é a reflexão sobre o próprio sentido destas infraestruturas e os valores aos quais elas devem obedecer. E na discussão brasileira, latino-americana e global sobre Amazônia é fundamental redefinir o que se entende por infraestrutura do desenvolvimento sustentável”, afirma o autor no sumário executivo do livro. Para Abramovay, a floresta “é a mais importante e promissora infraestrutura para o desenvolvimento sustentável” e precisa ser olhada como tal. O trabalho, que organiza a reflexão em torno de infraestruturas voltadas às pessoas e ao desenvolvimento sustentável, termina com um conjunto de propostas, das quais a primeira é a criação de um Observatório das Infraestruturas voltadas ao uso sustentável da biodiversidade na Amazônia. O novo livro pode ser adquirido no site da editora Elefante e em livrarias do país. Em 2 de agosto, haverá outro lançamento com a presença do autor, em São Paulo. Infraestrutura no centro do debate Os caminhos da infraestrutura brasileira, principalmente os que dizem respeito às regiões brasileiras mais afetadas pelos grandes empreendimentos, como a Amazônia, são o tema central de um evento que reúne, entre os dias 4 e 6 de julho em Alter do Chão (PA), movimentos representativos locais, lideranças indígenas e ribeirinhas, movimentos dos atingidos por barragens, organização da sociedade, academia e jornalistas. A proposta do encontro é a de promover a articulação das organizações e movimentos sociais na defesa do território e a construção de propostas para uma economia sustentável na Amazônia, cuidando da floresta, das suas cadeias de valor e das pessoas que nela vivem. Sobre o autor Ricardo Abramovay é Professor Sênior do Programa de Ciência Ambiental do IEE/USP. Autor de “Amazônia: Por uma Economia do Conhecimento da Natureza”, também da editora Elefante. Foto: Rodrigo Vargas/ ICV
Em ano eleitoral, pesquisadores apresentam 12 recomendações para o futuro da infraestrutura terrestre na Amazônia
Novo levantamento do Climate Policy Initiative/PUC-Rio aponta propostas de ação para desassociar projetos de desmatamento Infraestrutura em quantidade e de qualidade reduz os custos de produção e provisão de serviços básicos à população, gerando crescimento econômico e qualidade de vida. No entanto, no Brasil, a infraestrutura de transporte terrestre é um dos indutores do desmatamento na Amazônia — até 2006, aproximadamente 95% ocorreu em uma distância de 5,5 km das estradas. Visando recuperar a economia, num cenário pós-Covid, o governo federal tem investido em portfólio de empreendimentos de infraestrutura na região. Mas, para que eles contribuam, de fato, para o desenvolvimento do país e da Amazônia, precisamos desassociar desmatamento e infraestrutura terrestre. Um novo estudo do Climate Policy Initiative/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (CPI/PUC-Rio) apresenta propostas concretas para apoiar a tomada de decisão a esse respeito. Lançado nesta segunda-feira (04/07) durante o painel “Infraestrutura para uma economia da sustentabilidade na Amazônia”, que contou com a presença do pesquisador da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovay, no encontro da rede GT Infraestrutura em Alter do Chão (PA), o trabalho faz doze recomendações capazes de ter um impacto positivo relevante na condução do processo decisório, na redução de riscos de execução dos projetos e na qualidade da infraestrutura terrestre, especialmente na Amazônia. Somente no estado do Pará, estão previstos três grandes investimentos federais do gênero – Ferrogrão, BR-155/158 e BR-163/230/MT/PA –, com o potencial de desmatar 6.989 km² em 30 anos. Apresentadas sob a forma de uma agenda propositiva para o futuro da infraestrutura terrestre na Amazônia, a agenda é baseada em três pilares: I) o processo de tomada de decisão da Administração Pública visando à antecipação da análise socioambiental; II) a qualidade dos estudos socioambientais; III) e a transparência. Para cada pilar, esta agenda propõe ações concretas e indica os entes governamentais responsáveis por impulsionar aprimoramentos. Entre elas, a de incluir componentes socioambientais em qualquer planejamento, de curto, médio e longo prazo, do setor. Outras recomendações apontadas pelos pesquisadores dizem respeito à necessidade de implementação de base de dados e códigos única e pública sobre projetos de infraestrutura, bem como a construção e manutenção frequente de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) com a localização e a condição dos empreendimentos de infraestrutura e das Unidades de Conservação, Terras Indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, assentamentos, áreas privadas e terras públicas não designadas. “Neste ano eleitoral, são necessários debates qualificados para se pensar em uma estratégia de desenvolvimento para o país e a infraestrutura é um poderoso instrumento para alcançar os objetivos nacionais. Em nosso estudo, apesar de se aplicarem para projetos de infraestrutura terrestre implementados em todo o país, as recomendações são particularmente relevantes para o desenvolvimento da infraestrutura terrestre na Amazônia porque os impactos socioambientais dos projetos ali localizados são tipicamente maiores do que no resto do país”, explica Joana Chiavari, diretora associada de Direito e Governança do CPI/PUC-Rio e coordenadora do estudo. Para acessar o estudo completo, clique aqui. Sobre o CPI O CPI possui parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) por meio do Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas (NAPC). Atua dando apoio à formulação de políticas públicas no Brasil através de rigorosa análise e pesquisa baseada em evidência, parcerias estratégicas com membros do governo e da sociedade civil, por meio de uma abordagem construtiva e colaboração direta com tomadores de decisão. Contando com um longo histórico acerca de políticas de conservação e uso da terra, o CPI Brasil conduziu significativas pesquisas e avaliações de políticas de desmatamento e conservação da terra na Amazônia, tornando-se referência acadêmica na área. O CPI utiliza seu conhecimento institucional junto com seu entendimento sobre políticas de conservação e rigorosa análise econômica e legal. Foto: Rodrigo Vargas – ICV
Indígenas denunciam que foram excluídos de estudos sobre a usina Tabajara
Os povos Arara, Gavião e Jiahui, junto com grupos de indígenas em isolamento voluntário, foram ignorados no Estudo de Componente Indígena (ECI) da Usina Hidrelétrica Tabajara, que deve alagar uma área de pelo menos 100 quilômetros quadrados em Rondônia, na divisa com o Amazonas, e barrar o rio Ji-Paraná. Ainda assim, o Ibama autorizou a realização de duas audiências públicas no início de abril deste ano, na cidade de Machadinho do Oeste, em Rondônia. A reportagem é de Alicia Lobato, publicada por Amazônia Real, 02-06-2022. O ECI é um dos estudos obrigatórios que integram as etapas do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do licenciamento de todo empreendimento que causa impactos em terras indígenas. Ele garante que os povos indígenas sejam ouvidos e consultados sobre a obra. O líder indígena Josias Cebirop Gavião, da Aldeia Ikolen, localizada na Terra Indígena Igarapé Lourdes, em Rondônia, afirmou à Amazônia Real que desde o início do projeto a comunidade foi contra o empreendimento. O povo Gavião tem seu território demarcado e conta com cerca de 800 pessoas. Segundo ele, apesar do território não estar na área de influência direta da usina, determinada como “área de impacto”, o povo Arara considera necessário ser ouvido e consultado, ou seja, incluído no Estudo de Componente Indígena. Conforme Josias, o território está distante de 200 a 300 km do ponto da obra e será afetado indiretamente, com impactos em cursos d´água e fontes de alimento. “Uma parte da terra indígena nós sabemos que vai afetar. Acreditamos que, de uma certa forma, pode afetar os igarapés e os rios que passam pela terra indígena, assim como a caça”, diz. O Estudo de Componente Indígena do empreendimento abrangeu apenas a Terra Indígena Tenharim/Marmelos, localizada no município de Humaitá, no sul do Amazonas. Ainda assim, segundo o líder Angelisson Tenharim, os indígenas deste povo estão descontentes com o resultado. Segundo ele, o principal ponto é a maneira duvidosa como o estudo foi feito. Ele solicita a mudança da empresa JPG Consultoria e Participações Ltda, que elaborou o documento. De acordo com Angelissom Tenharim, o ECI está incompleto e precisa ser refeito. Representantes dos Tenharim não participaram das audiências públicas realizadas no início de abril. Angelisson afirma que o assunto está “suspenso”. “Nós não íamos nos fazer presentes na audiência porque temos a organização própria do nosso povo e, quando chegar o momento certo, a partir do momento que a Eletronorte contratar uma outra empresa para fazer o estudo do componente indígena, vamos recebê-los na nossa aldeia para discutirmos sobre o assunto. Fora isso, o assunto da Tabajara com o povo Tenharim está suspenso”. As audiências públicas foram realizadas para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da usina. Elas são fundamentais no processo de licenciamento ambiental e têm o objetivo de apresentar os resultados dos estudos ambientais, elucidar dúvidas e ouvir críticas e sugestões das pessoas presentes. Elton Jiahui, coordenador da Associação do Povo Indígena Jiahui da TI Jiahui, conta que em nenhum momento seu povo foi consultado sobre a obra, apesar de estarem localizados próximos da TI Tenharim/Marmelos. Ele afirma também que recentemente os Jiahui foram a Brasília buscar apoio em uma ação contra o projeto da usina. O povo Jiahui tem seu território localizado no sul do Amazonas, no município de Humaitá, com uma população reduzida de 90 pessoas, distribuídas em 23 famílias. “Nós não fomos consultados até agora se vamos ser atingidos ou não, mas moramos aqui, sabemos que vamos ser atingidos. Estávamos em Brasília falando sobre a usina, mas aqui mesmo na aldeia nós não fomos procurados”. Elton Jiahui enfatiza que, apesar da comunidade ter certeza dos impactos que irá sofrer com a obra, no estudo é afirmado que eles não serão afetados. Em relação a povos indígenas isolados, no ECI emitido em junho de 2020 há um trecho relatando que os Tenharim foram explícitos sobre os parentes sem contato. O documento afirma que em vários momentos os Tenharim comentaram sobre vestígios e encontros com grupos indígenas em situação de isolamento. Em outro trecho, é compartilhado que os Tenharim explicaram que os indígenas isolados são pessoas da própria comunidade que migraram para áreas distantes das aldeias, ocupando outros espaços da floresta. Apesar disso, a conclusão do estudo diz o seguinte: “Sugere que ainda não havia, até o momento de realização deste ECI, a mobilização institucional que comprovasse a existência dos grupos isolados. Nem a FUNAI, nem as ONGs, nem as próprias instituições da chefia Tenharim foram capazes de confirmar a presença ou não destes grupos”. No segundo volume do ECI da Terra Indígena Tenharim/Marmelos também consta que os indígenas deste povo são contrários ao empreendimento e apenas aceitaram receber a equipe técnica da obra. “É importante ressaltar que os Tenharim não estão de acordo com a construção do empreendimento, posição esta que é defendida, ainda que tenham aceitado receber a equipe técnica para a realização deste ECI e discutir os impactos e as medidas de mitigação e/ou compensação cabíveis”, diz o documento. O posicionamento é baseado no conhecimento dos indígenas de experiências vividas por outros grupos, como no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que provocou interferências importantes nos traços culturais, modo de vida e uso das terras pelos povos indígenas impactados pelo empreendimento. Os Tenharim têm certeza que a construção e operação da usina Tabajara causarão impactos negativos no seu modo de vida. Além disso, segundo o Comin (Conselho de Missão entre Povos Indígenas), estudos iniciais sobre os impactos ambientais do empreendimento apontaram que ao menos dez terras indígenas seriam impactadas. No entanto, as portarias ministeriais 419/211 e 60/2015 restringiram os impactos em terras indígenas até 40 km do reservatório hidrelétrico, o que fez a Funai limitar a área a ser estudada à TI Tenharim/Marmelos. Para o Comin, isso foi feito sem levar em conta critérios técnicos. Audiências em abril Realizadas no mês de abril, as duas audiências públicas na cidade de Machadinho do Oeste, em Rondônia, foram duramente criticadas por organizações de povos ribeirinhos e indígenas. No dia 5 do mesmo mês, uma rede de movimentos sociais e aliados divulgou nota pedindo a anulação das audiências. Na nota, as organizações reuniram uma série de denúncias divulgadas em anos anteriores, como a carta do Encontro de Guerreiras e Guerreiros em Defesa dos Povos e do Rio Ji-Paraná (Machado), de 2018, na qual os indígenas citam territórios que serão impactados pelo empreendimento e que não foram levados em conta nos estudos. “Denunciamos que a Funai apresentou no Termo de Referência da UHE-Tabajara só a TI Tenharim/Marmelos como a
Direitos humanos e defensoras do meio ambiente são tema de nova publicação do Fundo Casa
O Fundo Casa Socioambiental, em parceria com a Embaixada da França no Brasil, lança a publicação “Direitos humanos e defesa do ambiente: relações de gênero, cumprimento do Acordo de Escazú e oportunidades para filantropia”. O lançamento será no dia 19 de maio às 15h pelo Zoom. A obra é o resultado dos debates que surgiram no Encontro de Defensoras de Meio Ambiente como Líderes nas Ações pelo Clima, realizado em 2021, organizado pela Embaixada da França no Brasil e pelo Fundo Casa, com a colaboração do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), ONU Mulheres, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), WWF-Brasil, Front Line Defenders. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) também assina esta publicação. Os encontros tiveram como objetivo proporcionar um espaço de acolhimento, com foco especial em mulheres defensoras do meio ambiente, um espaço para o diálogo, a troca de experiência e o fortalecimento das redes já existentes. O evento também trouxe à tona os grandes desafios dessas pessoas, alguns deles em destaque no livro, como no capítulo “Racismo Ambiental e Mulheres Defensoras”, escrito pela autora Elionice Conceição Sacramento. Mulher preta, Elionice é pescadora de profissão, tradição e por decisão política, como gosta de afirmar. Militante da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras e do Movimento de Pescadoras e Pescadores, compõe a coordenação da Associação de Pescadoras/es Artesanais e Quilombolas de Conceição de Salinas. Mestra no Saber Tradicional e em Sustentabilidade junto Povos e Terras Tradicionais pela UnB e doutoranda em Antropologia. Sacramento é autora do Livro ‘Da Diáspora Negra ao Território de Terra e Águas – Ancestralidade e Protagonismo de Mulheres na Comunidade Pesqueira e Quilombola Conceição de Salinas – BA’ e co-autora de outras como ‘Salinas, o mar, a lama e a vida’. Vanessa Purper, Gestora de Programas do Fundo Casa, fala sobre a importância das Rodas de Conversas promovidas junto às mulheres defensoras. “É sempre muito importante ouvir as pessoas, especialmente as mulheres que são a linha de frente de atuação onde as maiores injustiças socioambientais acontecem. Escutar sobre a vivências, as particularidades e detalhes de cada região e de cada desafio que essas mulheres enfrentam é o que nos alimenta de detalhes, dados, informações e registros direto da fonte de quem está vivendo esses desafios e esses perigos, e isso é imprescindível para o nosso trabalho enquanto Fundo para fazer captação de recursos que sejam melhor investidos e melhor canalizadas para esses territórios e para essas comunidades”. A publicação, é escrita a várias mãos, fornece dados, detalhes, experiências e conteúdos que poderão ser levados para espaços estratégicos, visando também facilitar dados importantes aos financiadores para que se sensibilizem e ampliem seus apoios a projetos liderados por mulheres defensoras do meio ambiente. De 2019 a março de 2022, o Programa de Defensores e Defensoras de Meio Ambiente e Justiça Climática do Fundo Casa realizou 214 apoios a lideranças e coletividades em situação de ameaça e violação de direitos, totalizando R$2.838.215,32 doados diretamente para esses defensores e defensoras. Além disso, para Vanessa “a obra também tem um significado para as próprias defensoras, porque é importante que elas se percebam escutadas, documentadas com respeito e com fidelidade ao que elas estão vivendo.” A produção conta ainda com a colaboração de Rubens Harry Born, doutor em saúde pública e ambiental e membro do conselho deliberativo do Fundo Casa, e Rodrigo Montaldi Morales, gestor de programas do Fundo Casa e responsável pelo Programa de Apoio a Defensores e Defensoras. O evento de lançamento da publicação será aberto a todo o público e contará com interpretação simultânea em espanhol. As inscrições estão abertas no link. Fonte: Fundo Casa Socioambiental
Como construir uma economia capaz de conviver com a floresta
Precisamos conter a economia da destruição e iniciar a devida transição ecológica Danicley de Aguiar* Basta uma passada rápida pelo noticiário para que qualquer um perceba que a Amazônia passa por um momento difícil e está gravemente ameaçada. Mas, mais que falar de todos os problemas, precisamos começar a apontar caminhos de para onde a gente quer ir. Como vamos construir uma economia capaz de conviver com a floresta? A resposta é complexa mas, ao mesmo tempo, simples: substituir esse modelo de desenvolvimento econômico que temos na Amazônia hoje. Um modelo que impõe à Amazônia a condição de província, mineral, energética ou agropecuária. É urgente rompermos com a lógica que há mais de quatro séculos condiciona o desenvolvimento regional a uma matriz extrativista que aprisiona a Amazônia aos interesses externos e condena sua população a conviver com os piores índices sociais do país, subjugando gerações a uma eterna espera pelo desenvolvimento. Entre os muitos desafios postos, um deles tem ganhado notória atenção da mídia recentemente e está intimamente ligado a todos os demais: a mineração. Em franco processo de expansão na Amazônia, a matriz mineral precisa ser superada e substituída por outros vetores econômicos capazes de promover o desenvolvimento de uma matriz econômica fundada no convívio com a floresta, no respeito aos direitos e na superação da pobreza. Não será com o aprofundamento da mineração que libertaremos a Amazônia da lógica que aprisiona ao eterno subdesenvolvimento que alimenta a destruição das florestas e dos muitos modos de vida que sustentam a convivência dos povos e comunidades tradicionais com seus territórios. Na bacia do Tapajós, já é perceptível que está em curso um processo de territorialização de uma matriz mineral que tende a substituir os garimpos por grandes empreendimentos de mineração, em grande medida financiado com capital internacional que transferem as riquezas minerais para fora da região sem entregar o tão esperado desenvolvimento da região. Para além da transferência da riqueza regional, esse processo ignora os milhares de garimpeiros que em pouco tempo devem se tornar a principal força a pressionar as dezenas de terras indígenas e unidades de conservação que contribuem para a manutenção do equilíbrio ecológico da região e do bioma amazônico. A questão energética na região da Amazônia como um todo é outro desafio que precisa ser devidamente entendido e equacionado sob a luz dos interesses regionais e da conservação do bioma; não havendo mais espaço para um modelo energético baseado na geração centralizada, que menospreza a diversificação e produz um conjunto amplo de impactos sobre os recursos naturais e viola direitos e garantias fundamentais da população local. Romper com a economia da destruição que se baseia no monocultivo de soja e na pecuária extensiva também está entre os desafios que demandam nossa atenção máxima, haja vista que a infraestrutura imposta para viabilizar tal economia, segue aprofundando as desigualdades e reproduzindo o subdesenvolvimento que se alimenta da concentração de renda e terra. Se ainda não carecemos de um debate regional para definir os passos para transição ecológica da atual ordem econômica que nos aprisiona nessa espiral de destruição, já passa da hora de exigirmos que o poder público assuma compromissos concretos com a contenção dessa matriz econômica extrativa, e inicie o caminho que rompa com o aprofundamento dessa matriz e de toda infraestrutura que a sustenta. Por último, é chegada a hora da sociedade brasileira exigir um debate nacional capaz de ressignificar o papel da Amazônia para o desenvolvimento nacional e exigir que o processo de construção de soluções para a Amazônia se dê em profundo diálogo com a sociedade regional e rompa com a lógica histórica de pensar a Amazônia de fora para dentro, sem respeito aos saberes e fazeres de quem aqui aprendeu a conviver com a floresta. Do contrário, seguiremos reproduzindo a lógica que nos aprisiona ao eterno subdesenvolvimento, que segue produzindo infraestrutura na e não para a Amazônia e seus povos. *Danicley de Aguiar é coordenador de campanhas no Greenpeace Brasil e membro do GT Infraestrutura, uma rede de mais de 40 organizações unidas para debater modelos sustentáveis de desenvolvimento. Este artigo foi, originalmente, publicado na coluna do O Mundo Que Queremos, no Um Só Planeta. Foto: deposiphotos